La Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina – REDCOM y la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular elaboraron, respectivamente, documentos de preocupación y repudio ante la intervención de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir del nombramiento de Emilio Jesús Alonso
Desde la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina (REDCOM) manifestamos una enorme preocupación por la virtual intervención de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual. El miércoles 26 de setiembre se reunió la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización para tratar su Reglamento de funcionamiento y “la acefalía de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual”. Este organismo, desde su creación por la Ley 26.522 tuvo una única titular que fue Cynthia Ottaviano, cuyo mandato finalizó en noviembre de 2016. De allí en más, por falta de acuerdo no se nombró reemplazante y se autorizó a “cumplimentar los actos conservatorios que competen al funcionamiento de la institución y a la preservación de sus recursos” a la directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos María José Guembe. Por ende, la Defensoría permaneció acéfala pero en actividad. En su última sesión, concretada el pasado miércoles 26, la Comisión Bicameral con mayoría de votos oficialistas resolvió dejar sin efecto la autorización conferida a Guembe y designó en su reemplazo, “con los mismos alcances y obligaciones” a Emilio Jesús Alonso por un término de 60 días. Dado que Alonso no forma parte de la Defensoría estamos ante una especie de “intervención” irregular que no se encuentra contemplada en la Ley 26.522. A su vez, el nombramiento sorpresivo de Alonso se llevó a cabo sin explicitar experiencia, antecedentes o las razones de la decisión. Luego se conoció que se desempeña como asesor del senador Eduardo Costa, trabajó en la Secretaría General de la Presidencia y carece de experticia en la temática. Desde la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina (REDCOM) acompañamos el excelente desempeño de la Defensoría del Público de SCA en el cumplimiento del mandato emanado de la Ley 26.522 y respaldamos al equipo profesional y técnico que sostuvo la ardua tarea de defender a las audiencias y el derecho a la comunicación sin bajar los brazos aún en el contexto adverso de su prolongada acefalía. Pero queremos expresar nuestra preocupación por la designación de un “encargado transitorio” sin méritos ni antecedentes públicos, sin plan de trabajo conocido y con un mandato opaco. La política de vaciamiento de medios y organismos públicos llevada a cabo por el gobierno nacional nos pone en estado de alerta por el futuro de la Defensoría. Los ataques permanentes que ha sufrido la legislación y toda la institucionalidad vinculada a la comunicación sólo puede sembrar dudas y temores acerca de las acciones gubernamentales que hasta ahora demostraron más preocupación por responder a las demandas de los grupos concentrados que en atender el ejercicio del derecho a la comunicación de las personas. Finalmente, y porque consideramos que la defensa y promoción activa de los derechos de las audiencias de todo el país debe ser una política de Estado irrenunciable, exhortamos a que haya una pronta designación de la nueva titularidad de la Defensoría y que ésta recaiga en una persona con probada experiencia, antecedentes públicos y comprometida con el derecho humano a la comunicación. Fuente: REDCOM
REDCOM
Desde la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular expresamos nuestra profunda preocupación y repudio por la intempestiva intervención de la Defensoría del Público de la Comunicación Audiovisual Argentina, organismo creado en el marco de la Ley No 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 y que ha contribuido decisivamente a impulsar y profundizar la democratización de las comunicaciones, el reconocimiento y la defensa de los derechos de las audiencias, la expresión pública de una pluralidad de voces y el ejercicio del derecho a la comunicación en el territorio argentino. Encontrándose acéfala desde noviembre de 2016, su intervención mediante el nombramiento de Emilio Jesús Alonso por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, persona sin antecedente alguno en la materia y bajo un procedimiento irregular, pone una vez más en evidencia el desprecio de la Alianza Cambiemos por la comunicación entendida como bien social y constituye un nuevo ataque a las garantías ciudadanas que a través del desarrollo de la comunicación comunitaria, alternativa y popular buscamos acompañar y fortalecer desde las universidades que integramos la Red. Se busca confundir al pueblo argentino argumentando la optimización del funcionamiento administrativo y político de los organismos del Estado. En cambio, lo que advertimos con preocupación es el sistemático debilitamiento de los espacios desde los cuales se desarrollan acciones para impulsar modelos de comunicación acordes a los proyectos emancipatorios de América Latina, como es el caso de la Defensoría del Público. Conocemos el trabajo que la Defensoría ha realizado a lo largo de estos años de funcionamiento. Hemos visto cómo a través de una política pública clara y comprometida, garantizada por la labor de trabadores con alta calificación técnica y profesional, se han acompañado las demandas y necesidades de los medios del sector no lucrativo -radios y televisoras comunitarias, alternativas, cooperativas, populares, de pueblos originarios- de todas las zonas del país como así también de sus audiencias. Por ello, amparadas/os en la potente tradición latinoamericana en relación a la comunicación comunitaria, alternativa y popular, expresamos nuestra preocupación por la vulneración del derecho a la comunicación de amplios sectores de la población que tal medida supone; en tal sentido, exigimos la suspensión de la intervención y la continuidad de las condiciones de funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta tanto se nombre un/a nuevo/a defensor/a del público, autoridad máxima del organismo, respetando los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley Nacional N° 26.522, exigiendo idoneidad y una trayectoria en el campo de la comunicación por parte de quien resulte postulado para ocupar el cargo, además de una efectiva participación de la ciudadanía en su selección. Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular– RICCAP 29 de septiembre de 2018 (La RICCAP es una red conformada por espacios académicos de las Universidades Nacionales de Salta, Salta – Sede Tartagal, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Río Negro, Comahue, Entre Ríos, Tucumán, Chilecito y San Juan. También por el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (CABA) y por la Universidad Nacional de la República (Montevideo, Uruguay).
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