Miriam Lewin cerró el XXIII Congreso de la RedCom con sede en la FCEDU

Después de 18 mesas, presentaciones de libros, conferencias y actividades del encuentro de cátedras de Comunicación y Género, el XXIII Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo tuvo como conferencista de cierre a la periodista Miriam Lewin, bajo el título «A 12 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el rol de la Defensoría del Público» | La presentó Carla Avendaño Manelli, secretaria general de RedCom, y se transmitió en vivo por el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos

Miriam Lewin duerme con la radio prendida. Así, entre sueños, supo que había un virus nuevo en una localidad de China y pensó: Pobre gente; desconociendo que, tiempo después, el mal de Wuhan desataría una pandemia. Desconocía también en aquel momento que algunos meses más tarde, más precisamente en junio de 2020, asumiría la responsabilidad de conducir la Defensoría del Público, creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Es periodista y escritora. Ha trabajado en radio, televisión, medios gráficos y digitales por más de veinticinco años y su trayectoria está marcada, especialmente, por el periodismo de investigación. Es autora de seis libros y docente de periodismo. Además, fue testigo en el Juicio a las Juntas y continúa declarando en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad por haber estado detenida en los centros clandestinos Virrey Cevallos y en la ESMA. Con ese compromiso con la comunicación y los derechos humanos, llegó a la Defensoría del Público después de cuatro años de acefalía.

La Defensoría del Público es un organismo autónomo cuyas funciones son promover y defender el derecho a la comunicación. Depende de la comisión bicameral de seguimiento de la LSCA 26.522, «tan recortada y combatida», subraya Lewin y agrega: «una ley debatida, construida democráticamente, que apuntaba a convertir a la comunicación no en una mercancía –como muchos pretenden– sino en un derecho humano, porque lo es».

El organismo empezó a funcionar, efectivamente, en noviembre de 2012 a cargo de Cynthia Ottaviano. «Fue una etapa fundacional muy rica. Cynthia y un equipo de jóvenes, apasionados y muy formados profesionales, levantaron cada ladrillo de esa defensoría». Después de cuatro años de gestión de Ottaviano, hubo un periodo de cuatro años de acefalía y luego de intervención durante la gestión de Mauricio Macri. «El mérito de que la defensoría siguiera en pie fue de las y los trabajadores del organismo que lo sienten como propio», señala.

Desde fines de junio de 2020, «el equipo se puso al hombro la responsabilidad de estimular una actitud despierta y crítica por parte de las audiencias», sintetiza. A continuación, desplegará la experiencia de gestión de un organismo abocado a defender a los públicos en medio de una crisis sanitaria, con no pocos eventos y discursos de desinformación en los medios argentinos.

Pandemia y confusión

«Cuando se habla de desinformación en pandemia se engloban fenómenos diferentes», advierte Lewin para empezar. La periodista entiende que, por un lado, existe un fenómeno de desinformación deliberada, «construida con malicia, para confundir para conseguir un objetivo que puede tener un interés comercial, político». A este evento lo distingue de la desinformación que se produce «inadvertidamente» por una «situación de extrema precarización» en la tarea de las y los periodistas. Lewin reconoce que es un proceso que comenzó en la década de los 90 y que se ha profundizado bajo modalidades como el multiempleo o la multitarea. «La precarización afecta a la calidad de la información que llega a las audiencias –remarca– así como también afecta la libertad de expresión de comunicadores y comunicadoras».

Hechas las distinciones, Miriam Lewin abordará un caso particular que enfrentó la Defensoría del Público en el marco de la crisis sanitaria: «Poco después de llegar a la Defensoría nos encontramos con que una conductora de televisión tomaba dióxido de cloro en vivo y sugería que se trataba de una sustancia que protegía contra el coronavirus, cuando la ANMAT había indicado que no sólo no protegía sino que dañaba tejidos».

Destaca al respecto: «Este tipo de desinformación resultó peligrosa». En cuanto a la práctica periodística y su responsabilidad como profesional, «ni siquiera mencionó el nombre del científico que recomendaba al dióxido de cloro. Ni siquiera se preocupó en citar una fuente, aunque fuera una fuente cuestionada».

Inmediatamente se inició desde la Defensoría del Público un dialogo con la producción del programa. «Parecía un dialogo muy fluido, que resonaba en la responsabilidad social del productor del envío, que se comprometió junto a Canal 9 a ofrecer un espacio equivalente para reparar, para explicarle a las audiencias por qué el dióxido de cloro y su ingesta eran peligrosas».

Allí se asociaron con la Red Argentina de Periodismo Científico, conducida en aquel momento por Nora Bär. «Produjimos un video con la duración que el canal de televisión nos indicaba. En lugar de emitirlo en un horario equivalente de audiencia, como se habían comprometido, lo emitieron a la madrugada». Entonces, «habiendo llegado a un punto muerto en las negociaciones, le pedimos al ENACOM que sí tiene potestad sancionatoria, que procediera, lo que demoró algunos meses».

Asimismo, en paralelo, la comunicadora en cuestión persistía «en su prédica antivacuna», lo que «tiene una influencia porque es una persona que trabaja hace más de veinte años en un medio masivo de comunicación» y «tiene una consecuencia en las políticas sanitarias, porque vacunarse implica un hecho de solidaridad social».

Allí, redactaron recomendaciones para el tratamiento responsable de la pandemia, con un glosario e indicaciones de a qué especialistas acudir. «Las y los periodistas científicos nos enseñaron que las dos campanas en ciencias no son un principio aplicable. Es decir, la neutralidad, el equilibrio, la confrontación de dos versiones no corresponde en medio de una pandemia cuando nos enfrentamos a un mal desconocido, que está bajo estudio. No es lo mismo quien tiene un saber científico chequeado que una persona que tiene una sólida formación en cardiología pero no sabe nada de Covid-19«.

Estas recomendaciones tenían, además, una clara perspectiva de género «porque cuando se empezó a recurrir a virólogos y expertos, eran voces predominantemente masculinas», subraya. «Este instrumento de las recomendaciones, estoy convencida que se tiene que transformar en un decálogo o dodecálogo, porque las y los periodistas, en medio de la precarización, no podemos saber de todo. Lo deseable es que, acudiendo a la página de la Defensoría, cualquier persona que esté a cargo de una cobertura –sea sobre desastres y catástrofes, suicidios, niñez y adolescencia, violencia de género, reclamo de derechos laborales, pueblos originarios– pueda leer rápidamente los diez consejos de la Defensoría. Que no son otra cosa que eso, consejos para comunicar desde una perspectiva de derecho. Comunicar con responsabilidad, teniendo en cuenta que si vulneramos, por ejemplo, los derechos del pueblo mapuche podemos estar promoviendo la violencia«.

Además, la Defensoría del Público hizo recomendaciones específicas para el operativo de vacunación de niñas, niños y adolescentes «porque vivimos en una sociedad adultocéntrica y los medios son adultocéntricos. Con el pretexto de la protección, los y las invisibilizan y silencian».

Violencia política por razones de género

Otro desafío que se encontró Miriam Lewin al desembarcar como defensora fue un reclamo que habían hecho legisladoras y legisladores del Congreso de la Nación, «porque un comunicador en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, en ese momento conducido por su nieta, había dicho que la vicepresidenta Cristina Kirchner era el cáncer de la Argentina».

Lewin se referirá, entonces, al abordaje que hicieron. «Lo que se le dice a ella como máxima exponente mujer en la estructura política, tiene impacto sobre la subjetividad de todas las mujeres». Se trata de «un fenómeno de identificación bastante reciente pero que ya está incorporado a la ley»: la violencia política por razones de género. Es decir, «todo aquello que resulta lesivo a los derechos cívicos de las mujeres«. Esta modalidad de violencia está tipificada en la Ley Nacional 26.485 y, en la misma norma, se establece que la violencia política mediática es una de sus modalidades.

«Cuando las mujeres participamos en la arena pública, en los medios de comunicación o las redes sociales, estamos en una situación de peligro. La violencia digital tiende a disciplinarnos, a volvernos a los roles tradicionales«, sintetiza. En este sentido, «concluimos en que aquello que se decía de Cristina, en realidad, iba dirigido como intento de disciplinamiento y de exclusión política a todas las mujeres argentinas».