El 11 y 12 de junio, Verónica Rusler y Carlos García del Programa Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, brindaron una charla taller sobre accesibilidad académica | En diálogo con Rusler, repasamos algunas de las ideas centrales que se trabajaron en las dos jornadas impulsadas por la Comisión de Accesibilidad de la FCEDU, el Área de Orientación Vocacional y las cátedras Seminario de Educación Especial, Conocimiento de la Realidad e Introducción al Conocimiento de la Realidad Socio-histórica y política
¿Qué implica hablar de universidad en contexto de ampliación de derechos?
VR: Cuando hablamos de universidad como derecho nos referimos a que el acceso a los estudios superiores, en este caso, de las personas con discapacidad o de personas que encuentran barreras vinculadas con accesibilidad –en relación a la circulación por el espacio, el acceso a la información, a la comunicación interpersonal y en términos mas amplios– no puede depender de una decisión individual de la persona que esté a cargo de una materia, detrás de un mostrador o de la comunicación institucional, sino que se constituye como un derecho de la persona. En ese sentido hay normativa, propuestas y recursos orientados a estos diferentes ámbitos en los cuales las personas encuentran barreras para la participación y el aprendizaje. En este caso, incluiríamos barreras no solo para estudiar sino también para trabajar en la universidad ya que a ésto no lo orientamos exclusivamente a los estudiantes sino también a las personas que trabajan: docentes y no docentes en el ámbito universitario.
¿Cuáles son los marcos normativos que abordan esta problemática?
VR: Hay todo un marco normativo –la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, incluido también en la Ley de Acceso a la Información Publica y de Servicios de Comunicación Audiovisual no solamente en las leyes de educación, que establecen cuáles son las pautas y condiciones de accesibilidad para que todos y todas puedan acceder a la información. En ese sentido es que no se trata de sensibilizarse o empatizar, la Convención habla de toma de conciencia, es decir, de concientizarse de cuáles son los derechos de esta población que no son otros derechos que los de todas las personas. Fue necesario, justamente, una convención porque entre otros, este también constituye un colectivo muy postergado en hacer efectivos sus derechos.
¿Cómo se propone entender la accesibilidad?
VR: En relación a la accesibilidad, entendemos que es un concepto multidimensional y multiactoral porque no hay una sola dimensión de accesibilidad, aunque a veces cuando pensamos en el tema nos viene a la mente la accesibilidad edilicia, urbana y del transporte. Pensamos la accesibilidad en términos de cadena: uno tiene que poder circular por el espacio de la ciudad o del espacio que se encuentre por las instituciones, permanecer en ellas. Ésto implica que poder desplazarse, participar de todos los lugares donde se imparte la universidad, donde se trabaja y donde se imparte el conocimiento; es decir que uno tiene que poder llegar a la biblioteca y además en la biblioteca encontrar el material en formatos accesibles, en las clases y los baños, todos los servicios y no que sea una accesibilidad parcial. Y también se piensa de modo multilateral, justamente porque al tratarse de diferentes dimensiones, comunicacional, edilicia, urbana y pedagógica, involucra diferentes actores, participantes y se construye desde una perspectiva de complejidad con diferentes intervenciones y recursos. En algunos casos tiene mas que ver con la pedagogía universitaria, en otros intervienen cuestiones que hacen a la tecnología, en otros al diseño de mobiliario, de materiales, de recursos, en otros tiene que ver con el marco normativo, con cómo establecer algunas normas de la vida institucional que realmente promuevan el acceso de todos a los estudios superiores o a trabajar en la universidad.
Por todo ésto, todo lo referente a la inclusión a la educación inclusiva en el Nivel Superior no puede quedar circunscripto a un equipo, a un espacio, a un programa; tiene que formar parte de toda la comunidad académica y es un tema en el que todos tiene que participar para que no dependa ni de voluntades ni de especialistas, sino que se constituya como una política institucional para garantizar el derecho de la educación superior de todos y todas.