Una producción de Greta Bellmann y Brenda Schönfeld
en el marco de su tesis de grado de la Licenciatura en Comunicación Social:
«Efecto Mariposa: sitio web para divulgación de investigaciones producidas desde la FCEdu-UNER»
La Educación Sexual Integral pretende combatir las desigualdades de género y la violencia desde la educación | La normativa fue sancionada hace 14 años, pero aún hoy no es completamente implementada en las instituciones educativas del país.
El debate sobre la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas para niños, niñas y adolescentes sigue estando latente en los medios de comunicación, en las instituciones académicas y hasta en los hogares. Las discusiones sobre la ESI surgen en medio de un contexto social de luchas que buscan repensar parámetros culturales relacionados a la mujer, la sexualidad y el género. Por medio de la educación se pretende combatir la discriminación y la violencia hacia ciertas identidades, cuerpos y sexualidades. Sin embargo, determinados sectores sociales e instituciones se resisten, rechazan y estigmatizan el vínculo entre educación y sexo.
En principio debemos recordar que la sexualidad es un modo de relacionarnos con un otro, de generar un espacio de encuentro para un intercambio. Los contextos y las formas en los que se llevan a cabo seguirán cambiando constantemente mientras la vida y el tiempo transcurran. Como toda interacción humana está reglada por la cultura en la que nos encontramos insertos, en algunos lugares esta práctica está más o menos enmarcada por muros que establecen lo que es correcto y lo que no lo es.
Alicia Naput es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, se especializó en el campo de la construcción del género y llevó a cabo un trabajo exploratorio sobre la concepción de la ESI como un derecho y su implementación en distintos espacios escolares de Entre Ríos. Junto con su equipo de investigación, integrado por Facundo Ternavasio, Diana Eberle, Cynthia Rodríguez, Mercedes Lidia Fernández y Soledad Henares, sostienen que “la ESI es un instrumento potente y multiforme de transformación de la vida social y educativa, contra el daño y la injusticia que producen los poderes patriarcales, machistas y heterosexistas, y sus formas represivas y femigenocidas gestionadas y legitimadas hoy desde el Estado”.
De esta forma, el proyecto de investigación dirigido por Naput, doctora en Educación, propone una historización de leyes nacionales y provinciales que reivindicaron derechos. Así, se realiza un análisis de normativas que marcaron precedentes y que lograron resignificar el educar desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ley 25.673 del año 2003; la ley 9.501 de Salud Sexual y Reproductiva, sancionada en Entre Ríos en ese mismo año; las leyes 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010) y 26.743 de Derecho a la Identidad de Género (2012); hasta la ley de Educación Sexual Integral.
Los anormales
Hace 14 años, en 2006, se sancionó y promulgó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral enmarcado en la Ley 26.150, que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. No obstante, aún no es respetado ni implementado, ni siquiera su primer artículo que establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual en los establecimientos educativos.
En cuanto Entre Ríos, en el 2003 se dictó la ley 9.501 de Salud Sexual y Reproductiva que propuso establecer una educación sexual con perspectiva de género. Sin embargo, despertó el rechazo de grupos conservadores y religiosos que lograron que la ley permaneciera archivada hasta su olvido.
La ignorancia y repulsión frente a las normativas es un ejemplo más de lo que Deborah Britzman llama la invisibilización de los anormales. La psicoanalista estadounidense afirma que existe una violencia sistemática instalada contra ellos. Así, quedan estructuralmente borrados todos aquellos sujetos que no cumplen con las expectativas heteronormativas que instituyen una única sexualidad legítima y convierte en rareza todo lo que desobedece a la norma.
De todo esto se culpa al patriarcado, intangible pero real. En el marco de la investigación, Naput lo define como el sistema político y social que naturaliza el dominio del varón y sostiene su superioridad frente a los otros seres considerados “débiles”. Se suele materializar en la religión, en los ámbitos escolares y en la familia; y se fortalece a partir del miedo, de la destrucción de la voluntad propia y la represión del pensamiento.
Actores y actrices
La ESI posiciona a las niñas, niños y adolescentes como agentes de derecho. No son considerados simplemente destinatarios de un discurso hecho por adultos. Los jóvenes poseen el derecho de estar informados para poder elegir y actuar libremente en relación a su sexualidad y sus cuerpos. Actualmente esta normativa no es respetada por las distintas instituciones educativas, si no que son los mismos jóvenes quienes reclaman su implementación efectiva.
La escuela o la universidad son ámbitos de formación en los que se construyen identidades, sexualidades y relaciones de género, en ocasiones de un modo no intencional y otros explícitamente adoctrinador. En una sociedad cada vez más hiperinformada, en donde se corre el riesgo de la desinformación como consecuencia de un acceso a fuentes que no son verídicas, es fundamental reforzar una educación inclusiva que tenga en cuenta las distintas maneras de habitar el mundo, de ser, de expresarse y sentir.
Naput afirma que la ESI posiciona a los jóvenes como actores y actrices de sus propias vidas, brinda la posibilidad de que se asuman como sujetos con autonomía, capaces de actuar de manera informada y responsable. Los cambios sociales y culturales que se han producido en este último periodo en Argentina de algún modo quedan reflejados en la ESI, una ley que propone hablar sobre lo que durante muchos años nos obligaron a callar, una normativa que establece enseñar lo que para cierta parte de la sociedad es considerado prohibido y que intenta combatir las desigualdades e injusticias desde la educación.
Alicia Naput
Es doctora en Educación que milita por la igualdad de derechos de género y es defensora de la implementación de la Educación Sexual Integral. Se desempeña como docente en las carreras de Ciencias de la Educación y de Comunicación Social en FCEDU-UNER. Durante su trayectoria llevó a cabo distintos proyectos de investigación y de extensión que referían a la a las construcciones de género, la educación, las sexualidades en las escuelas y desde la perspectiva del cine.