Graciana Peñafort, se centró en la posibilidad o imposibilidad de una articulación entre «el mercado y la gente» –como fuera titulado el panel. «Hace mucho tiempo Naciones Unidas declaró que el acceso a internet no es un derecho humano sino que es la plataforma para el ejercicio de los derechos humanos porque a través de ella se operativizan derechos como el de la libertad de expresión», sostuvo para empezar.
En ese sentido, «la convergencia es el nombre elegante por el cual muchos de los que estudiamos este tema estamos llamando a la lenta transición de los medios tradicionales a los digitales que, creo yo, son el futuro de la comunicación, porque cambian los hábitos de consumo y por lo tanto el acceso a la información«.
La comunicación y la información: derechos
Peñafort parte de la premisa de que la comunicación «y la información por sobre todas las cosas» es un derecho, a contrapelo de otros planteos que las han entendido históricamente como mercancías, por ejemplo, desde la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, el acceso a la información es parte de ese derecho. «No puedo tener un derecho pero para acceder a ese derecho tener vallas», subrayó.
En ese marco, hay un conflicto de intereses: los del mercado y los de los ciudadanos. Allí, Peñafort insistió nuevamente: «La información más allá de los costos –de producción, de distribución, y de cualquier costo, que es lo que suelen argumentar las empresas– es indudablemente un derecho. No hay ninguna razón válida, legal, para restringir el acceso a la información, sobre todo, cuando la restricción a este acceso es de orden económico».
Entonces, hay distintas formas de regular el mercado y el acceso. «En una ley que hoy ya casi no existe, la LSCA, el Estado hizo una toma de posición: asentó que la información es por sobre todas las cosas un derecho y que la comunicación audiovisual es una actividad de interés público, con un fin social».
La letrada resaltó que desde allí se tomaron decisiones, como por ejemplo, que ciertas frecuencias dejaran de ser destinadas para taxi y pasaran a ser frecuencias de las Universidades: «Esto que para nosotros es normal, hace 10 años, cuando empezó el largo proceso de reordenamiento del espectro, no existía».
De la letra a las regulaciones
La pregunta, para Peñafort, es entonces cómo regular pero, fundamentalmente, qué regular. «En el caso de la LSCA, a todos nos hubiese gustado hacer una ley con menos problemas de orden legal. Ahora, ¿íbamos a hacer una ley de control de la competencia sin tomar ninguna medida sobre los oligopolios que ya existían en materia de comunicaciones? ¿Qué hacíamos con los medios hegemónicos? Toda la judicialización de la LSCA tuvo que ver con la necesidad de incluir estas cláusulas que pudieran hacer a la ley aplicable a los grandes actores de la comunicación».
Atendiendo al mercado a regular, entonces, «si hoy tuviéramos que hacer una ley convergente, el mercado de medios actual en Argentina tiene una situación de concentración mucho más dramática que la que tenía en 2009«, advirtió Peñafort.
Y en ese escenario, resaltó: «Me preocupa más que la concentración de medios en términos de producción de información, la absoluta concentración de redes que se está dando en Argentina. Clarín compró Nextel y se quedó con esas frecuencias, que no servían para 4g. Consiguió entonces que el Estado apruebe la readecuación de esas redes para que puedan hacer 4g. Además se le dio de baja toda la adecuación [que preveía la LSCA], entonces no tiene ni un canal menos. Y además compró Telecom, ambas empresas se están fusionando. Entonces pensemos en ésto: una misma empresa se está quedando con todas las frecuencias de radio y televisión que ya tenía Clarín, las frecuencias de telefonía celular de Nextel y Personal, se va a quedar con la red de fibra más avanzada que tiene el país, que es la red híbrida que tiene Cablevisión, pero además se va a quedar con la red del duopolio: Telecom. Supongamos que Telecom y Telefónica tienen cada una el 40% de las redes existentes y que Nextel tiene el 20% restante. Entonces, un señor en la Argentina se quedó con el 60% de las redes«.
Quedarse con las redes es quedarse con las carreteras por las que circula la información: «Un solo actor –sentenció– maneja de qué manera recibimos esta información y cómo circula esa información a través de las redes», además de manejar la conectividad de la población. En este escenario, le preocupa a Peñafort la debilidad del Estado frente a los grandes medios, así como la de los medios que no pueden acceder a las mismas reglas de juego.
Regular la convergencia en escenarios concentrados
La abogada, que antes que eso se considera una militante política, insistió en que es difícil «pensar una ley convergente que proteja el interés de los ciudadanos y de una comunidad si tenemos que implementarla sobre actores con el nivel de concentración de producción y de circulación de la información, como los que tenemos que enfrentar en la Argentina» y que «la historia reciente indica que las políticas públicas pueden avanzar hasta un cierto punto, pero hay un poder que está firmemente determinado a volverse el dueño y controlante absoluto de uno de los recursos más estratégicos que tienen las sociedades en el presente y, sobre todo, en el futuro«.
Desde allí, instó a «preguntarnos cómo vamos a regular lo que queda de la apropiación de los medios de los grandes grupos, cómo vamos a controlar la confidencialidad de nuestros datos, qué reglas establecer para que no privilegien unos contenidos sobre otros. En la respuesta a esas preguntas vamos a encontrar los límites por donde debería moverse una nueva ley de la convergencia».
Para terminar, afirmó: «Hay que trabajar seriamente en la construcción de un proyecto político que sea capaz de pararse frente a estos grandes dueños de medios, de redes, de productores y manipuladores de información, y ponerles un límite. Mientras no exista esa fortaleza política podemos diseñar las mejores leyes de convergencia, va a ser un hermoso ejercicio teórico y desarrollo intelectual, pero no un marco regulatorio«.
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